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Ceuta y los 5.500 ilocalizables: el atasco de expulsiones exige más que una sospecha policial

Ilustración editorial generada por IA; no es una fotografía del suceso.
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Ceuta afronta un atasco administrativo que ya no se explica solo por la llegada masiva del 30 de julio: según El Mundo, más de 5.500 personas con expedientes de expulsión abiertos permanecen ilocalizables después de haber solicitado asilo. El dato apunta a un sistema incapaz de cerrar el recorrido entre identificación, entrevista y resolución, no a una explicación demostrada sobre la conducta de cada persona.

El periódico informa de que la Policía Nacional ha iniciado cerca de 8.000 expedientes de expulsión de adultos. Tras la identificación, el procedimiento prevé una entrevista de asilo, habitualmente citada unos tres días después. De acuerdo con las fuentes policiales consultadas por El Mundo, unas 2.200 personas habían acudido a esa entrevista durante la semana pasada, mientras más de 5.500 no lo hicieron.

Las mismas fuentes sostienen que algunas personas podrían estar evitando la cita por temor a que se deniegue el asilo y continúe la expulsión. Es una hipótesis policial, no una conclusión independiente: la información disponible no incluye testimonios de quienes faltaron, expedientes individuales ni una definición administrativa detallada de la condición de «ilocalizable».

La consecuencia práctica sí resulta clara. La entrevista requiere abogado y traductor, y el diario señala que Interior no ha autorizado el uso de un programa de traducción automática solicitado para Ceuta por dudas de protección de datos. Si las identificaciones siguen sumando casos y las entrevistas avanzan mucho más despacio, la vía preferente de expulsión pierde precisamente la rapidez que pretende ofrecer.

El atasco coincide con una presión más amplia sobre la ciudad. El Mundo cifra en cerca de 3.700 los menores no acompañados identificados desde la entrada masiva y recoge la denuncia de Coordinadora de Barrios de que más de 500 vivían en la calle. El Gobierno central y Ceuta deben responder con datos y capacidad operativa, pero también con garantías: convertir una ausencia en una presunción colectiva de fraude no arregla un procedimiento que no está logrando tramitar los casos.

Fuentes

Contenido editorial independiente. WUA no está afiliada a ningún partido político. 2026-11-16