
Dos juzgados de Barcelona han dado respuestas opuestas al veto del Govern al teletrabajo de los subdirectores generales. Esa contradicción convierte una decisión interna sobre organización del trabajo en una cuestión de límite jurídico: hasta dónde puede llegar la Administración al exigir presencialidad a un grupo concreto de altos funcionarios.
ElDiario.es informó el 17 de noviembre de que un juez anuló la prohibición, mientras otra magistrada había avalado el veto. La resolución favorable al Govern parte de una idea relevante: el teletrabajo no sería un derecho del empleado, sino una modalidad para prestar el servicio. Ese razonamiento respalda que la Administración pueda ordenar cómo se desempeñan determinados puestos, pero no resuelve por sí solo si la prohibición aplicada a estos subdirectores generales cumple los requisitos jurídicos concretos.
La discrepancia llegará a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), llamada a unificar el criterio. Esa será la cuestión decisiva: no una preferencia general entre oficina y trabajo remoto, sino qué margen tiene el Govern para restringir esa modalidad en puestos directivos y con qué justificación.
El argumento favorable al veto merece ser atendido. La organización de los servicios públicos exige que la Administración pueda definir funciones y presencia cuando estén vinculadas a la responsabilidad del cargo. Pero precisamente porque la medida afecta a un colectivo identificado, dos fallos incompatibles muestran que la base jurídica no puede darse por cerrada en primera instancia.
La futura decisión del TSJC deberá fijar un estándar aplicable. Hasta entonces, presentar cualquiera de las dos sentencias como la respuesta definitiva simplificaría un conflicto que los propios tribunales han dejado abierto.
Fuentes
- elDiario.es · Fecha de la fuente: 2026-11-17
Contenido editorial independiente. WUA no está afiliada a ningún partido político. 2026-11-18