
El Gobierno ha aprobado un decreto-ley para transponer dos directivas europeas y ampliar la transparencia salarial en España. La medida, adelantada por elDiario.es, convierte una aspiración recurrente de igualdad retributiva en dos obligaciones más concretas: un derecho de información para la plantilla y una divulgación empresarial de la brecha salarial.
Según el medio, una persona trabajadora podrá pedir y recibir información sobre el salario de compañeros que desempeñen un trabajo de igual valor. También se publicará la brecha salarial en empresas de 50 o más empleados. El Gobierno eleva además las sanciones por incumplimiento, de acuerdo con la información disponible.
El avance importa porque la opacidad dificulta detectar diferencias retributivas que no se explican solo por el puesto o el nombre de la categoría profesional. Un derecho individual a preguntar y una obligación colectiva de publicar datos pueden hacer más visible un problema que, hasta ahora, quedaba con frecuencia dentro de cada empresa.
Pero el anuncio no basta para medir el alcance real de la reforma. El extracto de elDiario.es señala que falta la letra pequeña del real decreto-ley en el BOE. De ese texto dependerán cuestiones decisivas: cómo se solicitará la información, qué protección de datos tendrá, qué excepciones existirán y qué sanciones concretas se aplicarán.
La tesis razonable es clara: el decreto mueve la transparencia salarial del terreno declarativo al de derechos y deberes identificables. Su eficacia, sin embargo, dependerá de que el texto publicado haga esos derechos utilizables y las obligaciones exigibles, sin convertir la protección de datos en una barrera automática para conocer desigualdades de salario por trabajo de igual valor.
Fuentes
- elDiario.es · Fecha de la fuente: 2026-11-17
Contenido editorial independiente. WUA no está afiliada a ningún partido político. 2026-11-17