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Mantenimiento de colegios públicos de Madrid: la concentración de contratos exige más control

Ilustración editorial generada por IA; no es una fotografía del suceso.
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El mantenimiento de los colegios públicos de Madrid merece más escrutinio contractual del que permite el debate genérico sobre los fondos de inversión. La cuestión inmediata no es que haya capital financiero en las empresas adjudicatarias, sino la concentración de un servicio público cotidiano: según una investigación de elDiario.es publicada este 18 de noviembre, tres compañías reúnen 13 de los 21 lotes y el 63% del importe total.

El medio informa de que nueve empresas se reparten la conservación de los centros en los 21 distritos de la capital. El negocio mueve 39,2 millones de euros y casi la mitad del presupuesto termina en compañías controladas por fondos de inversión o inmersas en procesos de venta. Esos datos describen una estructura que hace especialmente importante que el Ayuntamiento pueda explicar cómo vigila la competencia, la ejecución de los contratos y los cambios de control empresarial.

La concentración no prueba por sí misma una irregularidad ni un peor mantenimiento. Tampoco la presencia de un fondo demuestra que una empresa incumpla sus obligaciones. Puede haber razones operativas para que grandes contratistas obtengan varios lotes, como capacidad técnica, personal o experiencia. Pero esa posible explicación eleva, en lugar de reducir, la necesidad de controles públicos visibles cuando pocas empresas concentran una parte tan amplia del gasto.

La información disponible no detalla las cuantías de cada lote, la duración de los contratos, los procedimientos de adjudicación ni los indicadores de servicio. Tampoco recoge una respuesta del Ayuntamiento, de las contratistas o de los fondos. Esos documentos y respuestas son necesarios para evaluar si la concentración respondió a una competencia efectiva y cómo se protegerá la continuidad del mantenimiento si cambia la propiedad de una adjudicataria.

En colegios públicos, conservar edificios no es un negocio abstracto: afecta a aulas, instalaciones y a la capacidad diaria de los centros para funcionar. La respuesta exigible no es presumir un fracaso por la entrada de fondos, sino publicar y supervisar con rigor quién recibe los contratos, bajo qué condiciones y con qué resultados.

Fuentes

Contenido editorial independiente. WUA no está afiliada a ningún partido político. 2026-11-18